El modelo de colaboración público-privada de la Zona Industrial de Arinaga es un ejemplo a imitar para las áreas industriales de toda España. Es lo que aseguró este jueves presidente de Ecoaga, la Entidad de Conservación de la Zona Industrial, durante la asamblea informativa celebrada en el Teatro Cruce de Culturas, del Cruce de Arinaga. Durante su intervención, Juan Acosta destacó los nuevos proyectos puestos en marcha por Ecoaga, con el apoyo del Ayuntamiento de Agüimes y del Cabildo de Gran Canaria, para la creación de la primera comunidad energética de la isla y para la creación de una planta de transferencia de residuos que permitirá reducir el impacto medioambiental de las industrias y comercios aquí instalados.
La Zona Industrial de Arinaga es en la actualidad la primera de Canarias y una de las más importantes de España. Alberga a unas 650 empresas y da trabajo directo a más 7.000 personas.
En la asamblea informativa anual de Ecoaga estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quienes destacaron la aportación de las arcas públicas a la conservación de la zona industrial. En 2021 Ecoaga contó con un presupuesto de 2,64 millones de euros, de los que casi el 50% correspondió a las aportaciones de las instituciones públicas: 770.000 euros del Ayuntamiento de Agüimes, 350.000 euros del Cabildo de Gran Canaria y 190.000 euros del Gobierno de Canarias. El resto del dinero de la Entidad procede de las cuotas aportadas por los propios empresarios, que se corresponsabilizan así del mantenimiento y modernización de los servicios básicos, como aceras, ajardinamiento, seguridad, iluminación o asfaltado de calles.
Los proyectos llevados a cabo con ese presupuesto forman parte del plan estratégico de mejora de la Zona Industrial de Arinaga, aprobado en 2018 y que finaliza en 2022. Con una inversión total de 11,7 millones de euros para estos cuatro años, el plan contempla 44 acciones en torno a 7 ejes de mejora.
Además de la aportación municipal para mejorar las infraestructuras o incentivar la contratación de personas en situación de desempleo, las empresas instaladas en la zona industrial cuentan con exenciones o tipos reducidos para el pago de los impuestos y tasas municipales, como la licencia de apertura, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa municipal de vado o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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