Chano SanchezNoticias

El alcalde de Agüimes acude al Senado para participar en el Consejo Territorial de la FEMP.

En su condición de vicepresidente de la FECAM, Óscar Hernández forma parte de este órgano, que ejerce la representación de 7.410 ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares de toda España.

El Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió este martes en Madrid para abordar, entre otros asuntos, la asignación a las entidades locales de todo el Estado de unos 17.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, el mecanismo extraordinario de ayudas económicas directas para la recuperación, destinado por la Unión Europea a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de covid-19. Las ayudas están permitiendo financiar proyectos en materia de sostenibilidad turística, cultura, educación, inclusión social, transformación digital, transición energética y modernización de la administración pública, pero existe cierta preocupación por lo ajustado del tiempo que disponen las administraciones locales para llevarlos a cabo. Desde la FEMP se pide abordar una ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos financiados con cargo a estos fondos, con el fin de evitar su devolución.

Entre los 118 miembros del Comité Territorial, máximo órgano de gobierno de la FEMP durante el periodo de cuatro años que transcurre entre la celebración de los plenos ordinarios, figuran cinco integrantes canarios: Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife; Francisco Paz, alcalde de San Andrés y Sauces; Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane; Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y vicepresidente de la FECAM. En la reunión, que tuvo lugar en la sede del Senado, los representantes de los 7.410 ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares integrados en la FEMP, acordaron también solicitar al Estado que se prolongue hasta 2023 la suspensión extraordinaria de las reglas fiscales aprobada por el Consejo de Ministros en 2020, ante la crisis económica provocada por la pandemia. La medida permitiría que la administración local pudiera dar mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía, ante unas consecuencias sociales y económicas de la pandemia que aún persisten.

Otra medida solicitada es la condonación a los ayuntamientos de la liquidación negativa registrada en 2021 por su participación en los tributos del Estado, que asciende a unos 3.500 millones de euros. La FEMP pide al Gobierno de España que renuncie a la devolución de estos fondos, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y la importante labor que los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la población, están realizando por la recuperación del país.

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