El alcalde de Agüimes será el número 2 de la Fecam durante los próximos cuatro años. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, repite como presidenta de la organización.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, será el vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios durante los próximos cuatro años. Así lo ha decidido la Asamblea General de este organismo, que reunió este lunes en Las Palmas de Gran Canaria a los 88 alcaldes y alcaldesas de Canarias para elegir a su nuevo Comité Ejecutivo, tras las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo. La designación se produjo por unanimidad, al presentarse una sola candidatura que había sido previamente consensuada por las diferentes formaciones políticas. 

Óscar Hernández se convierte así, de facto, en el número 2 de esta federación, que aglutina a todos los municipios de las islas para defender sus intereses comunes frente a otras instituciones, fomentar la cohesión territorial y proporcionar servicios y herramientas de formación continuada al personal de las administraciones locales, entre muchas otras funciones. Repetirá como número 1 y presidenta de la organización María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria. 

Junto a ellos, formarán el Comité Ejecutivo de la Fecam la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, vicepresidenta segunda; el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, vicepresidente tercero; y la alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea, como vicepresidenta cuarta. El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, continuará como secretario general.

La presencia de Óscar Hernández en la vicepresidencia primera de la Fecam viene a refrendar el prestigio de Agüimes en el seno del municipalismo canario. El Ayuntamiento de Agüimes no sólo goza de una gran reputación entre el resto de los ayuntamientos de Canarias como ejemplo de buena gestión y referente en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, sino que su alcalde también es reconocido por su moderación y su constante defensa del diálogo, el consenso y el entendimiento como herramientas prioritarias para la resolución de conflictos políticos o institucionales.