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Fecha de comprobación: 20/05/2024

Actualización en su caso: 20/05/2024

01. Sobre las Leyes de Transparencia.

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¿Qué regulan las Leyes de Transparencia?

La Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias prevén qué información deben publicar las Administraciones Públicas para conocimiento de la ciudadanía, cómo pueden pedir información a las Administraciones y cuáles son las reglas de Buen Gobierno que deben respetar las/os responsables públicos.

¿Qué entidades están obligadas a proporcionar información?

Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, están obligadas a cumplir las Leyes de Transparencia. Es decir, deben publicar la información que las Leyes mencionan y, además, responder a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos. Deberán también publicar la información prevista en las Leyes entidades privadas como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales y otras entidades que perciban ayudas públicas.

¿Qué es un Portal de la Transparencia?

Es la plataforma por la que se podrá acceder a la información de la Administración Pública. También contendrá la información que los ciudadanos soliciten con mayor frecuencia en ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

¿Qué contiene este Portal?

El Portal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.