La función de elaboración de las propuestas normativas corresponde a los órganos políticos o directivos competentes por razón de la materia, al menos a dichos órganos corresponde asumir el proyecto, redactado por sus propios servicios o por otros, impulsarlo y tramitarlo con la colaboración de la Secretaría (régimen común), o de la Asesoría Jurídica (régimen de gran población) en cuanto a órganos competentes en materia de asesoramiento legal.