Sobre las Leyes de Transparencia.

¿Qué regulan las Leyes de Transparencia?
La Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,  y laLey Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública y Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.),  prevén qué información deben publicar las Administraciones Públicas para conocimiento de la ciudadanía, cómo pueden pedir información a las Administraciones y cuáles son las reglas de Buen Gobierno que deben respetar las/os responsables públicos. 

¿Qué entidades están obligadas a proporcionar información?
Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, están obligadas a cumplir las Leyes de Transparencia. Es decir, deben publicar la información que las Leyes mencionan y, además, responder a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos. Deberán también publicar la información prevista en las Leyes entidades privadas como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales y otras entidades que perciban ayudas públicas. 

¿Qué es un Portal de la Transparencia? 
Es la plataforma por la que se podrá acceder a la información de la Administración Pública. También contendrá la información que los ciudadanos soliciten con mayor frecuencia en ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

¿Qué contiene este Portal? 
El Portal, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes indicadas, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.